Trabajo Social y Administración Pública

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La coyuntura política-social actual de España y de sus Administraciones Públicas deja espacio para analizar el acceso de cualquier profesional, en nuestro caso los profesionales del Trabajo Social, a optar, mediante los principios de igualdad, mérito y capacidad, a una plaza funcionarial en los distintos niveles administrativos, concretamente, a los más cercanos a la ciudadanía, al municipal y provincial.

El método utilizado en los últimos años por voluntad política, el concurso-oposición en detrimento de la oposición, está llevando a miles de profesionales a una exclusión laboral sin precedentes, pues la mayoría carecen de la experiencia laboral requerida para competir en igualdad de condiciones a cualquier plaza o vacante existente.

Sin pretender malpensar de nuestros políticos, solo cabe intuir que un reducido número de afortunados/as trabajadores sociales podrán disfrutar de un salario público, casi hecho a medida según su currículum.

Si ya es lamentable la situación profesional en la que nos encontramos, hay que sumarle a este muro laboral que ha resurgido con fuerza, una clase política que promueve la discriminación hacia las aptitudes y actitudes profesionales, motivado por quién sabe qué favores y arbitrariedades, para la selección de personal funcionario.

¿Por qué una persona que ha dedicado sus esfuerzos personales y económicos a estudiar una carrera universitaria se le priva a entrar en la administración pública por falta de experiencia? ¿Acaso el Trabajo Social no nos aporta suficiente práctica durante nuestra formación académica?

Los mismos baremos utilizados en la mayoría de Ayuntamientos y Diputaciones para superar el concurso-oposición deberíamos aplicarselos a todos los políticos de esas mismas instituciones al presentarse a unas elecciones. Posiblemente, el panorama cambiaría.

Que nadie se asombre, esta es la España que se vive día a día.

P.D. Dedicado a todos y todas los y las profesionales del Trabajo Social que se quedan en el olvido y que son tan valiosos como cualquier otro.

Índice de Desarrollo de los SERVICIOS SOCIALES 2015 (DEC)

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La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales publica un año más el Indice DEC (Desarrollo de los Servicios Sociales) en dos documentos; el primero desarrolla cómo ha influido la inversión pública de los distintos entes, Gobierno Central, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, el impacto del recorte económico en gasto social y la importancia de la gestión municipal, y el segundo, un estudio detallado por Comunidades Autónomas.

Para su presentación, la Asociación publicó el siguiente avance:

EXTRAORDINARIA DISPARIDAD EN LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y EN LA COBERTURA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS ENTRE UNAS Y OTRAS COMUNIDADES

Año tras año, desde su primera aplicación en 2012, el Índice DEC viene poniendo cifras a lo que era y es una evidencia palpable: la extraordinaria diversidad de esfuerzos, cobertura y derechos garantizados. Unas diferencias que constituyen una violación de la igualdad consagrada en al art. 9.2 de la Constitución y que impele a los poderes públicos a actuar conforme al artículo 149.1 1ª, regulando las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos. Conscientes de ello, ante las elecciones de diciembre de 2015, la mayoría de los programas electorales de diversas fuerzas políticas han planteado por primera vez la posibilidad de reformar la Constitución incorporando determinados derechos sociales (dependencia, rentas mínimas o servicios sociales en un sentido genérico) al bill de derechos fundamentales consignados en la Carta Magna.